El pasado 2 de noviembre, desde Madridiario, me hicieron una entrevista como portavoz de la comisión de Familia y Asuntos Sociales del grupo socialista en la Comunidad de Madrid. En ella hago un repaso general sobre la situación de las políticas sociales en nuestra Comunidad, incidiendo en la Ley de Dependencia.
Por si os interesa os la dejo aquí. Por cierto, agradezco a Celia y a Diego su profesionalidad durante la misma.
¿Qué está pasando en Madrid con la Ley de Dependencia?
Su aplicación se está retrasando. Si Ayuntamiento de Madrid tiene más de 56.000 solicitudes presentadas, y podría haber entre 30.000 y 40.000 en el resto de los municipios, hay algo raro si la Comunidad de Madrid solo ha trasladado 43.000 al Ministerio. El resto de estas personas no están valoradas. además, de esas 43.000 presentadas, hay casi 20.000 que no tienen su PIA, que es el servicio que le corresponde recibir a la persona dependiente a través de la ley. De lo cual se deduce que solo el 25 por ciento de los posibles dependientes de la región están atendidos a través de la ley, cuando en otras comunidades autónomas, incluso del PP, sí se está aplicando. Aguirre está poniendo todas las trabas posibles.
Pero el PP apoyó la ley en el Congreso.
Sí, y la está aplicando en otras comunidades, mejor o peor, pero en Madrid es distinto. Aquí hubo al principio un boicot político a la ley, porque había sido especialmente promovida por Zapatero, y aún sufrimos las consecuencias. Y se están revelando incapaces para adaptar los servicios regionales a la ley. Por ejemplo, la teleasistencia y la ayuda a domicilio se siguen dando a través de los ayuntamientos, que soportan todo el esfuerzo mientras la Comunidad recibe dinero para dar estos servicios.
¿Tiene razón la consejera cuando dice que la financiación de la ley no es suficiente?
La financiación se ha ampliado más de un 36 por ciento para 2010, año en que entra un nuevo tramo de aplicación, aunque menos costoso que los anteriores. Si a eso le sumamos que parte del Plan E puede ir destinada a servicios sociales que tienen que ver con la dependencia, se puede dar un impulso a su aplicación. Con lo cual, si la financiación es escasa, se está poniendo remedio. Lo que tiene que hacer ahora el Gobierno regional ahora es poner la parte que le corresponde, y no solo el dinero que recibe del Estado. Si aun así faltase dinero, entonces habría que pedir más.
Hace poco salió un informe que calificaba la ley poco menos que de inaplicable.
La Ley de Dependencia es absolutamente aplicable. El informe ponía en entredicho su sostenibilidad y sugería un nuevo impuesto, pero el secretario de Estado de Políticas Sociales dejó claro que mientras gobierne el PSOE el sistema de dependencia estará financiado por el Estado, a través de los Presupuestos; las comunidades autónomas, a través de sus presupuestos, y los usuarios, en función de sus ingresos y de sus rentas. Así será mientras el PSOE pueda y gobierne.
La Comunidad apuesta por las plazas cofinanciadas. ¿Qué opina de ellas?
Son las que más han crecido e implican que el 60 por ciento del coste lo paga la Comunidad y el 40 por ciento, el usuario. Esto tiene varios problemas: los que ganen menos de unos 900 euros, que es el coste que suele asumir el usuario, quedan fuera de este sistema, y son muchos, teniendo en cuenta que esta es más o menos la cuantía media de las pensiones madrileñas; es decir, que hay muchísima gente que gana menos. Todas estas personas ya no pueden optar al 35 por ciento de las plazas que oferta la Comunidad. Por tanto, es un sistema injusto. En cuanto al resto de las plazas, donde la aportación del usuario depende de su renta, hay más de 16.000 personas en lista de demanda.
Acaban de presentarse los Presupuestos regionales. ¿Qué le parecen?
Por lo que hemos podido ver hasta ahora, llama la atención que se incrementa más de un 30 por ciento el dinero destinado a la Coordinación de la Dependencia, pero esto es así porque se han incrementado también las transferencias estatales para la dependencia y la Comunidad solo puede gastárselo en ese cometido. Por otro lado, esperamos que no ocurra lo mismo que en 2008, cuando ese departamento solo se gastó la mitad de lo que tenía presupuestado. El resto no llegó a los madrileños.
¿Les han dado alguna explicación sobre este tema?
Dicen que están adaptando el sistema de servicios sociales de la Comunidad a la Ley de Dependencia. Llevan tres años haciéndolo, pero es que a las demás regiones no les ha costado tanto. El Gobierno de Esperanza Aguirre está más ocupados con otros asuntos, como Caja Madrid, el espionaje, Gürtel o su lucha con el Ayuntamiento.
Con la crisis aumentaron mucho las peticiones de la Renta Mínima de Inserción, pero no tanto los perceptores. ¿Qué está pasando?
Esta ayuda debería estar integrada en un plan de lucha contra la exclusión social, pero la Comunidad lleva desde 2006 sin tener uno. Con lo cual no hay una política social que apueste por los que más lo necesitan, sino una prestación económica que funciona al margen. En cuanto a las peticiones, aquí pasa algo raro si suben tanto las solicitudes pero no las concesiones. Si los baremos para concederlas son de hace 10 años, habrá que adaptarlos a la situación que hay ahora. Además, quizá convendría ampliarla para personas en riesgo de exclusión; por ejemplo, para familias que tengan que pagar una hipoteca y los dos cónyuges se hayan quedado en el paro. A lo mejor esas familias no cumplen los requisitos para obtener la Renta Mínima, pero necesitan una ayuda.
En este escenario de crisis, ¿cuáles son los colectivos que, a su juicio, están siendo más castigados?
Si hay un colectivo castigado por la Comunidad son los mayores. Muchos viven en su casa con pensiones no contributivas o pensiones mínimas y necesitan servicios, actividades… No hablamos de los que tienen 65 o 70 años y aún están activos, sino de los que viven en sus casas, que no están en situación de dependencia pero necesitan un apoyo. No tienen ayuda. Queda muy bien lo de “mayores de cine” o las rutas para mayores, pero estos no pueden ir. Necesitan otras cosas y la Comunidad no se las está dando. Por eso proponemos que se haga un plan integral de atención a los mayores que contemple todas las facetas de su vida y que se cree la llamada ‘Paga número 15′ para los 33.000 que tienen pensiones no contributivas.
¿Qué opina del plan para la Cañada Real?
Hay que hacer una apuesta social por las personas que están viviendo allí. No para los que quieren sacar rédito de la situación, sino los que realmente lo necesitan. Hay muchos niños y ellos y sus familias tienen derecho a vivir dignamente.
Pero la Comunidad ha dejado el aspecto social en manos de los ayuntamientos…
Hay que exigir al Gobierno regional que cumpla con sus responsabilidades, y los menores son responsabilidad de la Comunidad. La sanidad y la educación, también, y esas personas tienen derecho a acceder a ellas, como todos los demás. La última vez que estuve allí vi el caso de una mujer de 30 años que había ido al colegio y ahora veía como sus hijos no podían por las condiciones en las que debían coger el autobús escolar. Eso da idea de hasta qué punto se ha deteriorado la cohesión social en la Comunidad de Madrid.
Se están erradicando muchos núcleos marginales. ¿Eso es una solución?
En los municipios pequeños se actúa con más rapidez que, por ejemplo, en la Cañada, que está mucho más asentada y su solución, por tanto, es mucho más complicada. Quitar un poblado chabolista y no hacer inclusión social lo único que hace es desplazar el problema, porque las personas no desaparecen. Hay que sentarse, poner dinero, hacer educación, talleres con ellos… Y aquí, como se ha dejado de invertir en lo social durante tanto tiempo, hay unos problemas gravísimos.
¿Qué haría si fuera consejera de Asuntos Sociales?
Pondríamos en marcha la Ley de Dependencia de una vez por todas, contando con los municipios: si no, va a resultar imposible. Creemos que son ellos los que tienen que encargarse de realizar los Programas Individuales de Atención, es decir, de determinar qué servicios corresponden a las personas, porque son los que están más próximos a ellas. Habría que crear más plazas residenciales, tanto para personas en situación de dependencia como para las que no lo estén; cambiar el concepto de centro de día hacia un lugar donde las personas van a hacer rehabilitación; reforzar la ayuda a domicilio y reforzar a los municipios en servicios sociales.
¿Qué otras novedades introduciría?
Hay que fomentar el acceso al mundo laboral de personas con discapacidad, y no solo en los centros especiales de empleo.
La Comunidad acaba de poner en marcha una campaña para fomentar la contratación de estas personas…
Sí, es increíble que para promocionar el empleo de las personas con discapacidad les digan a las empresas que les llamen. Una verdadera política para fomentar el empleo de las personas con discapacidad implica marcarse unos objetivos e ir a por ellos. De esta forma, lo dejamos en manos de las empresas y volveremos a lo minoritario, a los proyectos piloto. Estamos de acuerdo en que fomenten el empleo de estas personas, pero no en el cómo. Hay que ser mucho más activo y hay que concienciar a la sociedad, a las empresas y a las propias personas con discapacidad, para que no se echen para atrás. Por último, habría que ocuparse de los mayores que no están en situación de dependencia ni tampoco están totalmente activos.
