Una reforma contra la autonomía local y los ciudadanos

La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es un sinsentido más de la administración Rajoy. Forzado por un compromiso con la Troika de austericidio, tras los recortes en educación sanidad, empleo y pensiones, el siguiente embiste corresponde a las administraciones locales, a los ayuntamientos.
Cifras absolutamente incontestables dejan en evidencia que no es cuestión de ajuste económico, sino de adelgazamiento de lo público. Según datos oficiales la gran mayoría de los Ayuntamientos, alrededor de 6.000, cerraron sus cuentas con superávit en 2012. Y el conjunto de la deuda de la Administración Local en su conjunto, supone poco más del 4% del total de todas las Administraciones públicas; siendo además la única que ha logrado cumplir los objetivos fijados por el Gobierno sobre el déficit. ¿Por qué señalar a lo local como despilfarrador, descontrolado y poco eficaz?.
La deuda de todos los Ayuntamientos en 2012 fue de unos 35.000 millones de euros, hay más de 8100 municipios, 3.000 de ellos sin deuda, 5.000 en los que ésta es de menos de 50 millones de euros cada uno, 99 con una deuda superior a 50 millones de euros, y singularmente sólo uno, el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de unos 7.000 millones de euros.
Si existe alguna ciudad o municipio que necesite planes de ajuste contingentes, háganse; pero, ¿por qué el Gobierno de España se empecina en legislar como si todos los municipios de este país tuviesen el nivel de deuda y el grado de ineficacia que el municipio más endeudado?
No me cabe más que pensar que quien realiza esta reforma desconoce la labor más que aceptable que llevan a cabo las administraciones locales y sus órganos de gobierno. La memoria presentada por el Gobierno habla de los millones de euros que se va a ahorrar en el gasto público, pero no dice nada de los millones de servicios prestados que van a desaparecer y los millones de personas que van a dejar de recibir los mismos. Lo más probable es que aquellos que cuantificaron la memoria económica no evaluaran el coste social, el coste pare el ciudadano al que le afectarán directamente las medidas de recorte.
Durante más de 35 años, los ayuntamientos democráticos han construido sociedades cohesionadas. Alumbrado donde no había, calles asfaltadas donde había barro, parques y jardines, servicios sociales a nuestros mayores, la atención a las personas en situación de exclusión social, programas de voluntariado, vivienda social, desarrollo de polígonos industriales, bibliotecas, escuelas infantiles, etc. Con competencias o sin competencias, los ayuntamientos han llegado a prestar servicio a sus ciudadanos cuando y donde ni los gobiernos autonómicos ni el de la nación llegaban. Los que somos municipalistas sabemos que esto fue posible por el carácter absolutamente cercano de la política local al ciudadano, porque cualquier vecino en cualquier lugar te puede parar en la calle y preguntar o requerir, y eso no les pasa a otros políticos de ámbitos distintos al municipal.
Y ahora, en vez de reformar para modernizar la administración pública local con nuevas formas de participación de la ciudadanía, apostando por reforzar la transparencia de las decisiones que se toman, por la incorporación a las redes sociales, por la agilización de procedimientos, por la cultura de la cooperación y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada; se acomete una reforma que es un recorte de servicios puro, que afectarán a los ciudadanos de forma directa, ya que no podrán ser asumidos por las diputaciones o las comunidades aquellos servicios que dejarán de prestarse. Y todo ello, sin reportar en modo alguno el ahorro económico que se plantea por el Estado.
La voluntad del gobierno del PP es aprobar la ley y, tras los presupuestos presentados para 2014 y con la perspectiva de 2015, no se ve la posibilidad de un acuerdo en la tramitación de la misma. El gobierno ha confiado a este recorte sin precedentes el cumplimiento del déficit de España, echa en hombros de los municipios y sus ciudadanos las exigencias de la troika, y coloca en una situación muy difícil a miles de cargos públicos que hacen política desde la base, desde lo local, intentando mejorar y dar soluciones a sus vecinos en sus día a día; cada uno con su carga ideológica, pero todos desde su compromiso con su territorio.
Una ley sin consenso los grupos políticos, con un acuerdo en precario a última hora con el PNV, pero sin contar con partidos que gobiernan en más de 8100 municipios, es una ley inaceptable. Porque tanta legitimidad democrática tiene el Presidente de Gobierno de España, como el alcalde o alcaldesa del municipio más pequeño de España. Los municipios no son hermanos pequeños de nadie, son una administración pública con su autonomía concedida por la Carta Magna. Así pues, nos encontramos con una imposición legislativa que llevará a la mayor de las frustraciones políticas.

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